En su Ley de fundación se afirmaba que: 'Se crea el Instituto Nacional de Industria, Entidad de Derecho público, que tiene por finalidad propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva.'
Inspirándose en el 'Instituto per la Ricostruzione Industriale' (IRI), fundado por Mussolini en 1938, el INI fue concebido por su fundador y primer presidente, Juan Antonio Suanzes, como un instrumento de política industrial, que permitió al Estado intervenir en la economía. El INI se convirtió en una pieza clave en la evolución económica, industrial y tecnológica de España.
Como holding industrial, el INI desarrolló su actividad mediante la creación de sus propias empresas y la participación en otras compañías junto a la iniciativa privada, controlando su gestión y definiendo estrategias, de acuerdo con la política industrial del Gobierno. Asimismo, como entidad financiera, proporcionó financiación, directa e indirectamente, a sus empresas, facilitándoles los recursos necesarios para su funcionamiento.
Sus recursos fueron destinados en sus inicios a edificar una industria fuerte en tres sectores estratégicos: electricidad, hierro y carbón, que formaban lo que Suanzes denominó la 'trilogía industrializadora'. A estos sectores se sumarían los transportes, la construcción naval, el refino de petróleo y la automoción, entre otros.
El INI fue durante muchos años el primer grupo empresarial español y uno de los diez más importantes de la Comunidad Europea. A lo largo de su historia, el INI tuvo una participación directa y mayoritaria en cerca de 180 empresas, con una plantilla conjunta que superaba las 250.000 personas en 1980.
La evolución de la política industrial del país y la propia coyuntura económica determinaron las diferentes funciones que le asignaron al INI en cada momento y que marcan la historia de esta institución:
Esta etapa abarcó desde su fundación hasta el comienzo de los Planes de Desarrollo. Correspondió al período de Juan Antonio Suanzes como presidente de la entidad, bajo la tutela directa de la Presidencia del Gobierno.
Durante esta primera etapa se gestaron los proyectos más ambiciosos del Instituto y se crearon las principales empresas nacionales, que van a configurar la trayectoria histórica del Grupo INI.
En la década de los años 50, el Grupo de empresas se expandió y el tejido industrial del INI se hizo más denso, fortaleciendo su posición en varios sectores mediante la incorporación de empresas muy representativas:
En la etapa de Suanzes, los aspectos técnicos primaron sobre los económicos. El objetivo era maximizar la producción, independientemente de su coste. Hasta 1957, los recursos financieros del holding y de las empresas provinieron mayoritariamente del Estado, que los aportó directamente desde el Presupuesto o indirectamente, mediante la emisión de deuda finalista; después de esa fecha, el INI comenzó a buscar fondos en los mercados de capitales.
Con el Plan de Estabilización de 1959 comenzó la liberalización de la economía española y se produjo una apertura hacia el exterior, abandonándose la estrategia autárquica de las dos décadas anteriores. Se inauguró entonces una etapa de crecimiento guiada por criterios de mercado, y el sector privado pasó a tener un mayor protagonismo.
En el período de 1963 a 1969, caracterizado por la aplicación de los Planes de Desarrollo, el INI redujo su protagonismo industrializador y pasó a desempeñar un papel subsidiario, limitado al apoyo a la iniciativa privada. Predominó su función como holding financiero, debido a la reducción de las aportaciones del Estado, lo que le obligó a buscar recursos en los mercados de capitales. Como consecuencia de esta situación, se produjo un deterioro de su situación patrimonial.
Por el Decreto 480/1968 de 14 de marzo, el INI pasó a depender del Ministerio de Industria, cuyo principal objetivo era la promoción y apoyo a la iniciativa privada. Este traspaso le privó de su enlace privilegiado con la Presidencia del Gobierno y le hizo más vulnerable.
De 1963 a 1969, las incorporaciones más destacables son:
A partir de 1970, se registraron cambios de importancia en el INI, que incluyeron una reestructuración del organismo, con la finalidad de actualizar y modernizar su funcionamiento, y una reforma financiera, que reanudó las aportaciones estatales y le permitió acudir a mercados exteriores. Se trató de introducir en el INI un mayor espíritu empresarial y mayor racionalidad económica, con objeto de que el Grupo funcionase con la eficacia y rentabilidad de las modernas corporaciones industriales.
Hubo también una reestructuración de su cartera y una reordenación de sus participaciones accionariales. Entre 1970 y 1973, el INI vendió o liquidó más de una veintena de sociedades. Al mismo tiempo, entre 1970 y 1976, se incorporaron o constituyeron varias empresas, entre ellas: ENTASA, ENUSA y ENAGAS, en el sector energético; los astilleros de ASTICAN y ASTANO; en el sector de fertilizantes, ENFERSA, en servicios informáticos SECOINSA, y ENDIASA, con LESA y CARCESA en alimentación.
La actividad del INI quedó muy marcada por el papel anticíclico que se le encomendó en la década de los 70, como consecuencia de la crisis que se abatía sobre la economía internacional desde 1973, que en España se complicó, en especial a partir de 1976, al coincidir con la difícil situación derivada de la transición política desde la dictadura a la democracia.
La llegada al Grupo INI de empresas en serias dificultades procedentes del ámbito privado, fundamentalmente durante el período 1976-1983, hizo de este organismo un auténtico 'hospital' de empresas privadas. Como consecuencia, el INI se desliza hacia una situación de excesiva capacidad y pérdidas crecientes.
El salvamento de empresas privadas en crisis tenía como principal objetivo evitar las tensiones sociales en un momento de incertidumbre política, evitando la quiebra de empresas y la destrucción de empleo. El antecedente más significativo y de mayor repercusión de estas operaciones es la nacionalización de las sociedades de la cuenca minera asturiana, creando a partir de su fusión la sociedad HUNOSA, que en 1970 pasó a ser totalmente pública.
Después de HUNOSA, entre 1971 y 1983, se incorporaron al INI más de 25 empresas procedentes de la iniciativa privada, que aportaron al Grupo público alrededor de 95.000 trabajadores. Entre estas empresas se encontraban ASTANO, BARRERAS, Astilleros Españoles, Babcock Wilcox España, ENSA, AHM, MTM, ATEINSA y SEAT, que pasó a ser plenamente del INI tras la retirada de su accionista privado FIAT.
Un hecho muy importante de este periodo fue, en 1981, la segregación del INI de las empresas de gas y petróleo (EMPETROL, HISPANOIL, ENIEPSA, ENAGAS y BUTANO) para crear el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Por otra parte, el INI constituyó seis compañías de desarrollo regional (SODIAN, SODICAL, SODICAMAN, SODICAN, SODIAR y SODIEX), además de PRESUR, ENISA, INISOLAR Y CARBOEX.
A partir de 1984, en el marco de una política industrial global en la que se abordó la reconversión de sectores en crisis, el INI abandonó definitivamente sus funciones de subsidiariedad y complementariedad del capital privado, sustituyéndolas por la competitividad, a fin de convertirse en un holding público en competencia con la iniciativa privada. Para ello, acomete actuaciones de ajustes de capacidad, reducción de costes y el saneamiento financiero.
Los procesos de reconversión industrial, que se desarrollaron dentro del Grupo INI, se prolongaron en su mayoría hasta 1988 y afectaron principalmente a las empresas enclavadas en los sectores industriales de la siderurgia (ENSIDESA, FOARSA, AHM/SIDMED), construcción -naval (AESA, ASTANO, ASTICAN y BARRERAS), bienes de equipo (BWE, MTM, ATEINSA, ENSA, Fábrica San Carlos), Minería (HUNOSA y FIGAREDO), y defensa (BAZÁN, CASA y SANTA BÁRBARA). Pero también, se sometieron a planes de viabilidad otras empresas: Grupo INESPAL, ENFERSA, IBERIA, AVIACO etc.
El esquema de participaciones del INI experimentó en el período un importante cambio, debido a la aplicación de medidas de racionalización:
A partir del año 1989, el INI dejó de ser Organismo Autónomo y se convirtió, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, en una Entidad de Derecho Público, continuando adscrita al Ministerio de Industria y Energía. El INI debería regirse por el ordenamiento jurídico privado y actuar según los principios de rentabilidad y eficiencia, sin perjuicio de atender el cumplimiento de objetivos de interés general.
En 1992, ante la prevista restricción de las ayudas públicas por la Comunidad Europea, el INI creó la sociedad anónima TENEO, en la que agrupó sus empresas capaces de gestionarse y competir en el mercado sin esas ayudas (Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de los P.G.E. para 1992). Las empresas que podían seguir recibiendo ayudas, como las de defensa, siderurgia, construcción naval o minería, siguieron dependiendo directamente del propio INI.
En 1995, se disolvió el Instituto Nacional de Industria (INI), por Decreto Ley 5/1995 de 16 de junio, convertido en Ley 5/1996 de 10 de enero de creación de determinadas entidades de derecho público. De acuerdo con esa misma norma se suprimió el Instituto Nacional de Hidrocarburos y se creó SEPI, que agrupó a TENEO y a las empresas del INH, así como la Agencia Industrial del Estado, a la que se incorporaron las empresas del INI que recibían ayudas públicas.
La constitución del INH se produjo como respuesta a la segunda crisis del petróleo y en el marco de una importante reorganización de la industria, que tras la revisión del Plan Energético Nacional exigía una gran coordinación entre las empresas del sector. A consecuencia de esto, con fecha 15 de junio de 1981, el INI transfirió al INH sus Divisiones de Petróleo y Petroquímica y del Gas, y con ello las acciones y derechos de las empresas ENPETROL, HISPANOIL, ENIEPSA, ENAGÁS y BUTANO.
En 1987, la reordenación de actividades, derivada sobre todo del fin del monopolio público por la incorporación de España a la Comunidad Europea, dio lugar a la constitución del grupo empresarial REPSOL, dentro del propio INH. REPSOL aglutinó desde ese momento las participaciones en las empresas de petróleo, química, gas butano y prospección y exploración del Estado.
En 1989, el INH inició la venta de acciones de Repsol a inversores privados, a través de una OPV del 26% del capital. Después de nuevas operaciones de venta de acciones en 1993 y 1995, SEPI culminó en marzo de 1997 la total privatización de REPSOL, mediante una nueva OPV del 10% de las acciones, que en ese momento pertenecían ya a la propia SEPI.
El INH desapareció el 16 de junio de 1995, por Real Decreto-Ley 5/1995 de creación de determinadas entidades de derecho público, en el que también se determinó la supresión del INI y se crearon SEPI y la Agencia Industrial del Estado.
El artículo 107 de la ley 31/1991, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, había autorizado al INI a que pusiera en marcha el proyecto TENEO, una nueva sociedad anónima a la que debería traspasar su participación en aquellas empresas 'susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales homogéneos'; una sociedad que 'se organizará y funcionará con estricta sujeción al ordenamiento jurídico privado'. En ese momento se inició el camino legal para ese nuevo grupo empresarial libre de aportaciones de recursos públicos.
El proyecto TENEO surgió como respuesta a la inmediata puesta en marcha del Acta Única de la Comunidad Económica Europea en enero de 1993 que, tras la incorporación de España a la institución comunitaria, impedía que las empresas públicas fueran subvencionadas por el Estado, a excepción de sectores muy concretos.
El objetivo era consolidar un grupo empresarial autónomo financieramente que concentrara el capital empresarial del INI con potencial de rentabilidad y rango internacional, y que aportara la presencia activa y estable a largo plazo del capital español en un mercado global cada vez más competitivo. Su estrategia incluía la apertura a la participación de nuevos accionistas en el capital de sus empresas y la posibilidad de una futura salida al mercado bursátil de la propia cabecera del grupo.
TENEO se constituyó con un capital social por importe de 658.312.370.000 pesetas, íntegramente suscrito por el INI, que aportó como contrapartida, en el momento mismo de la constitución, las acciones de veintinueve de sus empresas, así como el inmueble de la sede del propio Instituto Nacional de Industria, valorado en 16.500 millones de pesetas. El resto de empresas, hasta completar las 47 prefijadas, se incorporaron desde el INI al nuevo grupo antes de concluir el mismo año 1992. De esta manera, a 31 de diciembre, el capital social se situó en 835.000 millones de pesetas, de los que 815.000 millones correspondían a la cartera de valores.
El Consejo de Administración del INI había aprobado anteriormente, en su reunión de 24 de enero, un proceso de capitalización en determinadas compañías del Grupo para situarlas en condiciones similares a las de sus competidores en el mercado. Así, a la impecable estructura financiera compuesta íntegramente por fondos propios, con una deuda muy reducida, se unió una situación financiera saneada de sus empresas. El día 19 de junio, el Consejo de Ministros aprobó los criterios de valoración de las compañías que se iban a transferir a la nueva sociedad anónima y la lista definitiva de dichas empresas, así como el capital social de TENEO y demás magnitudes.
Las cuarenta y siete empresas integradas en TENEO fueron aquellas con rentabilidad real o potencial, con capacidad para ser financieramente autónomas y para competir en condiciones de igualdad en el mercado, sin recurrir a ayudas públicas. Estas empresas, presentes en sectores de futuro como la generación de energía, el transporte aéreo, la electrónica, las telecomunicaciones, la aeronáutica o la industria espacial, sumaban una facturación anual superior al billón y medio de pesetas, con cifras cercanas al medio billón procedentes de las ventas en el mercado internacional, y una plantilla cercana a los 80.000 trabajadores.
Cuatro años más tarde, el Consejo de Ministros de un nuevo Gobierno, con fecha 28 de junio de 1996, decidió la disolución de este grupo empresarial público, lo que fue acordado en Junta General de TENEO el 5 de julio de 1996, así como la cesión del balance de esa sociedad a su único accionista en ese momento, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (el INI había desaparecido en junio de 1995).
La materialización de este acuerdo de disolución, incluyendo la cesión de activos y pasivos a SEPI, se produjo el 16 de septiembre del mismo año. En el momento de esta disolución, TENEO tenía un activo neto de 2,956 billones de pesetas y un capital de 680.000 millones, con un resultado consolidado positivo obtenido de 71.000 millones de pesetas en 1995.
ALMAGRERA, AUXINI, AVIACO, COFIVACASA, TRASATLÁNTICA, ADARO, ARTESPAÑA, ENDESA, INITEC, ENUSA, ENDIASA, ENSA, FÁBRICA SAN CARLOS, IBERIA, INFOLEASING, SODIAN, SODIAR, SODICAN, SODICAL y TGI (transferidas por el INI en el momento mismo de su constitución).
AUTOMOCIÓN 2000, BWE, CASA, ENCE, ELCANO, INISEL, INESPAL, INFOINVEST, POTASAS DEL LLOBREGAT, SODICAMAN, SODIEX, SODIGA y SURIA K (transferidas posteriormente y hasta el 31 de diciembre de 1992).
AGENCIA EFE, ACESA, ARESBANK, BANCO EXTERIOR, CABOEX, ENISA, ENRESA, HISPASAT Y REDESA (transferidas en el momento de su constitución).
ALUMINIO ESPAÑOL, FOCOEX, INI MEDIOAMBIENTE, PHOSBUCRAA Y EXHIBIT (transferidas posteriormente y hasta el 31 de diciembre de 1992).
La AIE vino a sustituir, junto a SEPI, al histórico Instituto Nacional de Industria (INI), con el objetivo de ejecutar las directrices del Gobierno en materia de reconversión y reestructuración industrial, regímenes especiales y derogaciones parciales de las normas comunitarias sobre competencia.
Las principales funciones que se atribuyeron a la AIE fueron las de fijar la estrategia, supervisar la planificación e impulsar, dirigir, coordinar y controlar la actuación de las sociedades en las que participaba mayoritariamente, de forma directa o indirecta, llevando a cabo el seguimiento de su ejecución y velando por el cumplimiento de los objetivos que tuviesen señalados. Tenía también la responsabilidad de ser agente gestor del proceso de privatizaciones, en cuanto a las empresas de las que fuera titular.
A la Agencia Industrial del Estado se le adjudicó como cartera de participaciones, las empresas deficitarias del INI con dependencia de los Presupuestos Generales del Estado para su funcionamiento: ASTILLEROS ESPAÑOLES, ASTANO, H. J. BARRERAS, SANTA BÁRBARA, BAZÁN, HUNOSA, MINAS DE FIGAREDO, PRESUR, PRODUCTOS TUBULARES, CORPORACIÓN SIDERÚRGICA INTEGRAL, SIDENOR, AHV-ENSIDESA CAPITAL, ALTOS HORNOS DEL MEDITERRÁNEO y POTASAS DE NAVARRA.
Con fecha 5 de septiembre de 1997, el Consejo de Ministros aprobó la absorción por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de las empresas de la AIE y de todos sus derechos y obligaciones, con lo que la Agencia Industrial del Estado quedaba suprimida. (Real Decreto Ley 15/1997)
A partir de ese momento, SEPPa se convirtió en agente gestor de dicho programa de modernización, junto a SEPI y a la AIE. Para ello, el objeto social que se le asignó, en relación con las sociedades participadas por la Dirección General del Patrimonio del Estado, fueron la tenencia, administración, adquisición y enajenación total de estas sociedades, previo acuerdo del Gobierno o de la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Asimismo, le correspondía la realización y encargo de estudios, análisis y operaciones anteriores, complementarias o derivadas, que resultasen necesarias o convenientes para llevar a cabo las enajenaciones.
El 25 de mayo de 2001, el Consejo de Ministros acordó la integración de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales en SEPI, al mismo tiempo que determinadas sociedades dependientes hasta ese momento de la Dirección General de Patrimonio del Estado eran transferidas a la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
La disolución definitiva de SEPPa tuvo lugar, según resolución del Acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de julio de 2001.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene su antecedente en el Instituto Nacional de Industria (INI), cuya historia ha marcado la evolución del sector público empresarial español durante más de 50 años. El cambiante contexto económico, jurídico y social, fundamentalmente tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, motivó la adopción de decisiones en materia de política económica e industrial que han afectado a la estructura del sector público, con la aparición y desaparición de diferentes organismos, hasta la situación actual en la que SEPI constituye el único grupo empresarial de titularidad estatal.