SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia sobre el Anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Con esta norma, el Gobierno culmina el proceso de reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal y define, con más precisión, el papel que le corresponde a estos medios en el escenario audiovisual.

Este Anteproyecto de Ley profundiza en el modelo de una radiotelevisión pública independiente, de calidad, mayoritaria y al servicio de los ciudadanos, que ya es una realidad; un modelo basado en unos medios de titularidad estatal, cuyos responsables son elegidos por el Parlamento y que cuenta con mecanismos suficientes para asegurar que los criterios por los que se rige son puramente profesionales.

Gracias a este Anteproyecto del que hoy ha sido informado el Consejo, y que ha sido ampliamente debatido con todos los sectores que operan en el escenario audiovisual, el Gobierno da un paso decisivo para consolidar el sistema de financiación de la radiotelevisión pública, con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios.

Supresión definitiva de la publicidad

Ya se venía produciendo una reducción paulatina de la publicidad en Televisión Española, e iba a continuar produciéndose en los ejercicios futuros, tal y como estaba previsto en la ley de reforma de los medios públicos y en el Mandato-marco aprobado por las Cámaras en diciembre de 2007. Esta reducción paulatina, por un lado, tenía que ser compensada con la aportación de fondos públicos adicionales, y, por otro lado, no alcanzaba a cumplir con el objetivo de ampliar significativamente la cuota de mercado de la publicidad para los operadores privados. El Anteproyecto al que hoy ha dado luz verde el Consejo de Ministros resuelve esta situación gracias a la supresión definitiva de la publicidad en la televisión pública.

Financiación

Una vez entre vigor esta ley, la Corporación de Radio y Televisión Española se financiará, exclusivamente, con ingresos públicos. Parte muy importante de ellos continuará siendo, como ahora, la aportación del Estado, vía Presupuestos Generales, por las obligaciones de servicio público que tienen encomendados los medios estatales. El resto de los ingresos, los que hasta el momento proporcionaba la publicidad, se obtendrán de la siguiente manera:

Primero, los operadores de televisión comercial que operen a nivel estatal o en más de una Comunidad Autónoma aportarán anualmente un 3 por 100 de sus ingresos. Los operadores de telecomunicaciones, también según el mismo criterio territorial, aportarán, por su parte, un 0,9 por 100 de sus ingresos.. Segundo, la Corporación RTVE percibirá el 80 por 100 de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico regulada en la Ley General de Telecomunicaciones. Tercero, la Corporación contará también con los ingresos obtenidos por el ejercicio de sus actividades y por la comercialización de sus servicios y productos.

Limitación de adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos

Los ingresos públicos sólo podrán ser destinados por la Corporación a financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para sobrepujar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor. En este sentido, el Anteproyecto de Ley limita al 10 por 100 del presupuesto anual de aprovisionamientos y compras la adquisición de derechos de emisión de eventos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Además, la norma refuerza el carácter de servicio público de la Corporación RTVE, estableciendo la obligación de incluir en su programación espacios donde se de cabida a los grupos políticos, sindicales y sociales, retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles con contenidos y horarios adecuados y debates electorales.

También se avanzará en accesibilidad para las personas con discapacidad y en el apoyo y emisión de producción audiovisual europea.

Se trata, por lo tanto, de una norma importante que, a la vez que afianza el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, volcada hacia los ciudadanos, sostenible e independiente, con vocación de calidad y de éxito, clarifica el panorama audiovisual con vistas a los ya muy próximos retos que hemos de enfrentar.