SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz-Jarabo, y los representantes de las entidades que forman el consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Santander han suscrito hoy el documento que da cobertura a la escritura pública de venta de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A.

Con esta firma, se hace efectivo el traspaso de las 70.734 acciones que representan la totalidad del capital de la empresa privatizada, una vez que la operación fue autorizada por el Consejo de Ministros, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones.

Los firmantes por parte del consorcio adjudicatario han sido José Manuel Loureda, Luis del Rivero y José Ángel Presmanes (Sacyr Vallehermoso), Ignacio Domínguez-Adame (Grupo Santander), Ángel López-Corona (Caixanova), Juan Dapena (Caixa Galicia), Pablo Cantalicio (El Monte) y Pedro del Corro (Torreal).

El Consejo de Administración de SEPI acordó, el pasado 28 de mayo, adjudicar la totalidad de las acciones de la Empresa Nacional de Autopistas, cabecera del Grupo ENA, por un importe de 1.586,33 millones de euros, a este consorcio participado por Sacyr Vallehermoso (en un 50%), el Grupo Santander (20%), Caixanova (10%), Caixa Galicia (10%), Torreal (5%) y el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (5%).

El contrato privado de compraventa se firmó el 11 de junio, y en ese momento, el grupo comprador abonó un 25 por ciento del precio pactado a la firma de la escritura privada, es decir, 396,6 millones de euros. Ahora, con la elevación a público del contrato, abona los 1.189,7 millones restantes. Además, deberá pagar 35,3 millones de euros por la diferencia de fondos propios entre el balance de referencia (con fecha 31 de diciembre de 2002) y el balance de transferencia (cerrado a 30 de septiembre de 2003).

El consorcio ahora propietario de la Empresa Nacional de Autopistas presentó la oferta económica más alta de las recibidas el día 26 de mayo en sobre cerrado y ante notario y superior en un 44% al precio mínimo, fijado por SEPI, de 1.100 millones de euros. Antes, había asumido los compromisos industriales establecidos en el proceso, entre ellos que las sociedades concesionarias del Grupo ENA mantengan el cumplimiento del régimen de concesión a que están sujetas, lo que asegura, independientemente del titular de sus acciones, la contribución del Grupo ENA al servicio público.

También queda obligado, por un periodo de cinco años, a permanecer como socio mayoritario, al mantenimiento de los fondos propios de ENAUSA, a la continuidad de la sede social en España, y de las participaciones actuales en sus filiales AUDASA, AUCALSA y AUTOESTRADAS, sin disminuir su participación en AUDENASA, así como al mantenimiento de la plantilla fija y de las condiciones laborales. Estos compromisos adicionales están garantizados mediante un aval de 6 millones de euros cada uno, por un total de 36 millones de euros.

El proceso de privatización de la Empresa Nacional de Autopistas se realizó mediante el sistema de concurso público, cuyas bases fueron aprobadas por el Consejo de Administración de SEPI el 29 de noviembre de 2002. Hasta 13 grupos, formados por un total de 21 compañías, manifestaron su intención de concurrir al proceso de venta, y, finalmente, fueron cuatro grupos constituidos por un total de 15 sociedades los que presentaron sus sobres ante notario, si bien uno de ellos comunicaba su desistimiento en la operación.

Como ocurre en todos los procesos de privatización, además de la aprobación del Consejo de Ministros, con el dictamen previo del Consejo Consultivo, la venta del Grupo ENA está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso. Además, los compradores comunicaron la operación al Servicio de Defensa de la Competencia, que dio su visto bueno.