Detalle sede de SEPI.

Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas

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El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo crea el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento adscrito al Ministerio de Hacienda, que es gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

El objetivo del Fondo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos.

La financiación de operaciones con cargo al Fondo se configura como una intervención de último recurso, una vez constatada la imposibilidad del beneficiario de mantener su actividad sin apoyo público. La orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de julio fija el conjunto de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de las operaciones de apoyo público temporal.

El Fondo está dotado inicialmente con 10.000 millones de euros y prestará el apoyo mediante cualesquiera instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital. De manera complementaria, también podrá materializarse a través de otras facilidades crediticias.

Este Fondo se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea. En concreto, la aprobación de este mecanismo se encuadra en el marco europeo de medidas de apoyo económico ante el COVID-19. De hecho, el 8 de mayo la Comisión Europea aprobó la modificación del Marco Temporal relativo a medidas de ayuda estatal frente a la pandemia, para incluir las iniciativas encaminadas a permitir la recapitalización de empresas no financieras que atraviesen dificultades debido al COVID-19. 

Las operaciones con cargo al Fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa interesada. La competencia para resolver sobre las solicitudes corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones.

El plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa. Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.